Esta lógica de la solidaridad que se viene señalando como posible vía de trabajo pone de relieve de manera manifiesta la dialéctica establecida entre la solidaridad institucionalizada -macro- y aquella otra no institucionalizada, llamémosla ciudadana, de carácter micro. En ambos casos conviene señalar su carácter condicional, a modo de conditio sine qua non; la solidaridad, de este modo, siempre obedece a algún tipo de determinación o condicionante: en definitiva, una causa. Sin embargo es preciso indicar que en sendos casos nos encontramos ante una condicionalidad distinta y por lo tanto se impone una breve reflexión sobre ambas.
De acuerdo con el planteamiento general del proyecto la solidaridad macro ha sido generalmente caracterizada por su condicionalidad estructural. Este tipo de condicionalidad, digamos oficial -al estar vinculada casi exclusivamente a la Ayuda Oficial-, ha supeditado históricamente el devenir de la Ayuda Oficial al Desarrollo a toda una batería de objetivos estructurales determinados fundamentalmente por el cambio de paradigma socioeconómico dominante, a muy grosso modo: el desarrollismo conocido tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial y el posterior paradigma Neoliberal. Así, siguiendo este planteamiento de simplificación, podríamos hablar de una primera generación de objetivos políticos: solidarios, desarrollistas, económicos y geoestratégicos y una segunda generación más centrada en aquellos de naturaleza no política: reformas económicas estructurales, reformas y promoción de la democracia, de los derechos humanos y del buen gobierno. La bipolarización del planeta -en el primer caso- y el ultraliberalismo económico -en el segundo- explican el por qué de uno y otro y la evolución acaecida.
A pesar del tránsito experimentado y de la caracterización común no política de los segundos -finalización de la Guerra Fría- la condicionalidad de la ayuda se viene presentando como no supeditada a la captación de países o creación de países satélites -como así sucedía con las políticas de postguerra norteamericanas y soviéticas-, sino más bien centrada en la incentivación del libre mercado, la promoción de los derechos humanos, la democracia y el buen gobierno. Sin embargo, esta segunda generación de la condicionalidad estructural viene manifestando de facto su clara instrumentación política y económica real, fundamentalmente a través de la lógica de ayudas y sanciones basada en la arbitrariedad de los donantes -discrecionalidad de la ayuda-, y que en última instancia viene legitimada y descansa sobre la ausencia de parámetros definidos sobre el significado de lo que sea la democracia, los derechos humanos, el buen gobierno, y cómo no, la ausencia de modelos transparentes, claros y verificables para evaluar a los futuros receptores.
Ambos modelos de solidaridad estructural -oficial, institucional, macro-, lamentablemente, se han manifestado como instrumentos de poder al servicio de los países donantes. Ante esta realidad que presenta la solidaridad institucional y su consabida condicionalidad, la solidaridad ciudadana aparece como una vía de acción legítima desde la perspectiva micro, ensayada desde la subjetividad y con su propia condicionalidad, como clara respuesta y expresión de la desconfianza en los poderes institucionales -ya sean de carácter local, regional, nacional o internacional-.
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